Redacción. Barcelona
El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado el presupuesto de la Generalitat para 2012, con los votos a favor de CiU y del diputado de SI Joan Laporta, la abstención del PPC y los votos en contra del resto de grupos y subgrupos. El segundo presupuesto del gobierno de Artur Mas lo integran 29.727 millones de euros de los departamentos y organismos estatutarios y consultivos; 12.980 millones para el Servicio Catalán de Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.

El presidente Artur Mas durante el debate de los presupuestos. En la siguiente, un momento de la votación.

El presupuesto mantiene el compromiso de austeridad recogido en las cuentas del 2011 y de priorización del gasto social. El 69,3 por ciento de lo que se destina a los departamentos va a parar a Salud, Educación y Bienestar.

Las cuentas superan así el trámite parlamentario iniciado el pasado mes de diciembre en un pleno marcado por el acuerdo entre CiU y PP, que permite salir adelante las cuentas por segundo año consecutivo, gracias a la abstención de los populares.

La ley de presupuesto, que entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha incorporado, finalmente, las enmiendas de CiU y algunas del PPC que ya se aprobaron durante la tramitación en comisión.

Las 231 enmiendas que el PPC mantenía vivas para el pleno fueron retiradas a última hora y, por lo tanto, no se votaron. Las casi 2.300 de las otras formaciones (PSC, ICV-EUiA, ERC, C’s y SI), que sí que se votaron durante la sesión de este miércoles, fueron rechazadas con los votos en contra de CiU y del PPC.

El proyecto de ley que no se ha podido votar en el pleno es el de medidas fiscales y financieras, conocido también como ley de acompañamiento del presupuesto, y que hasta ahora siempre se había aprobado a la misma sesión que el de presupuesto, puesto que se tramitan conjuntamente. Este proyecto de ley no se podrá debatir en el pleno hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias no haya dictaminado la constitucionalidad, como piden los grupos de ICV-EUiA, C's y SI.